Asistencia en litigios administrativos y cuestiones relativas a actos, procedimientos y relaciones con entidades públicas.
El Despacho asiste a empresas, profesionales y operadores económicos en sus relaciones con las administraciones públicas, desde la fase del procedimiento administrativo hasta los litigios ante los Tribunales Administrativos Regionales (TAR) y el Consejo de Estado italiano. También se ocupa del cobro de créditos frente a entidades públicas.
Asistencia a centros sanitarios privados acreditados en sus relaciones con las autoridades sanitarias: procedimientos de contratación, presupuestos y límites de gasto, listas de clasificación (arts. 8-quater y 8-quinquies del Decreto Legislativo italiano 502/1992).
Solicitudes de acceso documental y oposiciones de terceros afectados (Ley italiana 241/1990 y Decreto del Presidente de la República 184/2006), incluida la protección de información comercial confidencial.
Recursos y defensa ante los TAR y el Consejo de Estado italiano, incluidos los procedimientos de revisión extraordinaria de sentencias (revocazione).
Licencias urbanísticas y de construcción, órdenes de demolición y medidas de restablecimiento de la legalidad (Decreto del Presidente de la República 380/2001).
Oposición a órdenes de pago sancionadoras y otras medidas sancionadoras, incluidas las sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales impuestas a profesionales por el Ministerio de Economía (Decreto Legislativo 231/2007; Ley 689/1981).
Cobro de créditos derivados de contratos y servicios prestados a entidades públicas, desde el procedimiento monitorio hasta la ejecución.
Para conocer la organización profesional del Despacho, consulte Profesionales.
Debe anotarse la fecha de notificación o conocimiento, conservar los documentos y comprobar el plazo para recurrir. Los plazos y recursos cambian según el acto y la materia.
El acceso depende de las normas aplicables, del interés del solicitante y de la protección de información técnica o comercial confidencial.
Es necesario revisar las decisiones regionales y de la autoridad sanitaria, los contratos y los plazos, diferenciando el recurso administrativo de la reclamación de cantidades.
Estas respuestas son informativas y no sustituyen el análisis del caso concreto.
